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Freno a los efectos de la sentencia que determinaba quien es el sujeto pasivo del impuesto que grava la constitución de las hipotecas.

En una sorprendente reacción, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (la que dictó la sentencia del pasado 16 de octubre), ha optado por frenar los recursos pendientes sobre esta misma cuestión que ya tenían fecha de revisión, evitando con ello que se aplique la nueva jurisprudencia.

La decisión del presidente de la Sala tiene dos puntos:

  • el primero, dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos pendientes relacionados con a quién corresponde pagar el llamado impuesto de actos jurídicos documentados.
  • y el segundo, llevar al pleno de la Sala el conocimiento de alguno de esos recursos 

“a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Es decir, el Supremo no descarta dar marcha atrás en el criterio establecido ayer jueves, y por tanto, en las próximas semanas, será el pleno de la Sala, formada por 31 magistrados, el que decidirá si acepta que sea el banco el que pague el impuesto o si tendrá que hacerlo, como hasta ahora, el cliente.

En una nota pública, Díez-Picazo justifica su decisión en la “enorme repercusión económica y social” de la sentencia notificada este jueves, que “supone un giro radical en el criterio” que mantenía hasta ahora el Supremo.

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