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Resumen quincenal del 19/01/2016

La modificación del Impuesto de Grandes Establecimientos Comerciales

Con el objetivo de superar las objeciones suscitadas por la Comisión Europea y los tribunales nacionales sobre la compatibilidad del IGEC (Impuesto de Grandes Establecimientos Comerciales) con el derecho comunitario, el Gobierno Catalán está impulsando una modificación de esta figura tributaria, en la Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público (también llamada, ley de acompañamiento a los presupuestos).

El proyecto de modificación, que actualmente se encuentra en fase de debate parlamentario, pretende favorecer la naturaleza parafiscal del tributo, convirtiendo el impacto medioambiental derivado de la utilización de grandes superficies comerciales, en la única circunstancia que conforma el hecho imponible del tributo. El impacto medioambiental gravado es el producido por la afluencia a los establecimientos mediante vehículo privado.

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La problemática derivada de la nueva regulación contenida en el Real Decreto 3/2016 en relación a la obligatoria reversión de las pérdidas por deterioro de cartera y sus posibles soluciones

Como es sabido, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se estableció la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital social o fondos propios de entidades.

Asimismo, se reguló mediante una disposición transitoria cuándo debía de producirse la reversión: básicamente y simplificando, cuando el valor de los fondos propios de la sociedad participada al cierre del ejercicio excediera del valor de los fondos propios al inicio.

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Reclame los gastos de constitución de su hipoteca

Recientemente se ha dado a conocer, y de la que se ha hecho eco distintos medios de comunicación, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, que considera como jurisprudencia que son nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

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