ImprimirCataluña es la Comunidad Autónoma que recibe mayor número de inspecciones fiscales -seis veces más que Andalucía y dos más que Madrid- y donde se recauda más. Al menos esa es la conclusión que se extrae de la memoria de la Agencia Tributaria de 2008 -son los últimos datos disponibles- que el pasado mes de junio adelantó Rac1 y cuyas cifras indican que en Cataluña la Hacienda española recaudó 311 millones de euros aquel año, mientras que en Andalucía fueron 55 millones y en Madrid 155 millones. Según Gestha, el sindicato de inspectores de Hacienda, a Cataluña le corresponde un inspector fiscal por cada 563 empresas; en Madrid, uno por cada 607 empresas: 44 más en territorio catalán.
"En cuanto a la dureza de la inspección fiscal, en Barcelona son unos talibanes comparados con Madrid". De este modo describen desde uno de los principales bufetes de abogados de la capital catalana el trabajo de los funcionarios de la Hacienda Pública barcelonesa. Se asegura que achacar este agravio a cuestiones políticas es un "error" y que no se trata de un mayor o menor número de efectivos dedicados a tal efecto. "Es una cuestión de criterio, algo técnico", señalan las mismas fuentes. "Hemos tenido operaciones en las que en Madrid no les han hecho ni caso y que en Barcelona han levantado actas de inspección, lo han enviado a los juzgados, etcétera", explican. Otras fuentes del sector consultadas por LaVanguardia.com, en este caso en la provincia de Tarragona, explican que este férreo control fiscal no sólo se circunscribe a Barcelona. "Muchas empresas tarraconenses se van a Madrid, o se lo están planteando seriamente, porque el índice de inspecciones fiscales por persona es menor allí", apuntan. Estas fuentes añaden que "la guerra fría" entre la Hacienda española y el departament dEconomia de la Generalitat lleva a los primeros a no comunicar ciertos aspectos que perjudican a la conselleria catalana.
Desde Madrid, Juan José de los Mozos, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), habla de "utopía absoluta" en cuanto a la dureza comparativa de las inspecciones fiscales en Barcelona respecto a otros puntos del Estado. "En Madrid hay requerimientos permanentemente", explica. "Eso sí, cuanto más te alejas de los núcleos urbanos, más difícil llegar al contribuyente", apunta De los Mozos. Como consecuencia del pacto de Gobierno entre CiU y ERC del pasado mes de diciembre, que prevé nuevos impuestos en Cataluña, algunas voces alertaron entonces de las consecuencias de estas medidas -el caso de Foment del Treball y de la Cambra de Comerç de Barcelona- y otras hablaron de un denominado efecto Depardieu catalán hacia otras comunidades autónomas, extremo que el propio secretario general de CDC, Oriol Pujol, admitió veladamente en una entrevista radiofónica.
Ahora bien, lo cierto es que, por ahora, desde los principales despachos de abogados de la capital catalana consultados por LaVanguardia.com se asegura que no se ha notado "ningún efecto" de estas características, aunque advierten que el "más que probable" regreso del impuesto de sucesiones podría suponer cambios al respecto. No comparte la misma opinión el abogado barcelonés Alejandro Ebrat, que explica que sus clientes empiezan a "plantearse cambiar de residencia debido a la elevada presión fiscal en Cataluña". "Me consultan mucho temas de herencias, de donaciones, la renta... La gente está preocupada", explica Ebrat. Con un IRPF para las rentas más altas del 56% y diferencias sustanciales en el impuesto de patrimonio y de transmisiones con respecto a otros puntos del Estado español, Cataluña se sitúa entre las regiones europeas con impuestos más altos y "es la comunidad autónoma que más paga", afirma Ebrat. Desde Asefiget, De los Mozos asegura que la "desradicación" de los patrimonios y las empresas catalanas se notará "a medio plazo", aunque ahora es "muy difícil" de determinar.
¿Qué tendría que hacer un alto ejecutivo para trasladarse fiscalmente a otra comunidad? Por un lado, residir más de 183 días en una determinada autonomía para poder presentar la renta allí, pero también determinar dónde se halla la residencia habitual y dónde viven mujer e hijos, en el caso de tenerlos. Para rentas superiores a 300.000 euros anuales esta operación vale la pena, señalan fuentes del sector, pero habitualmente estos perfiles tienen estructuras societarias que les evitan tener que realizar este tipo de operaciones. "Con que tributen al 49% en otra comunidad ya dejan de pagar mucho", explican. En Cataluña, además, la exención en el impuesto de patrimonio se ha reducido de 700.000 euros a 500.000 euros. Es relevante, como publicó La Vanguardia el pasado 27 de enero, que existe un régimen especial para impatriados que pueden tributar un 24,75% si cobran como máximo 600.000 euros, una fórmula que se aplica para no crear agravios entre autonomías a la hora de fichar a altos ejecutivos.
También se ha podido comprobar como algunas comunidades, como la Valenciana, invitaban a las empresas catalanas a deslocalizarse a la autonomía vecina, en un acto calificado desde sectores vinculados a la asesoría fiscal en Cataluña de "competencia desleal". Desde Asefiget son contrarios a esta opinión y se explica que "como todo el mundo puede hacer lo mismo" no se trata de un caso de harmful tax competition. "Si alguien quiere pagar más impuestos es su problema. Yo pagaría impuestos al 56% como en Suecia si me trataran como allí", señala.
