El pasado 22 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso una proposición de ley que introduce relevantes modificaciones normativas en materia inmobiliaria, con implicaciones fiscales y jurídicas de especial interés para empresas del sector y grandes tenedores de vivienda. Entre las principales medidas destacan un nuevo impuesto estatal para compradores no residentes extracomunitarios, un incremento del IVA aplicable a los alquileres turísticos, ajustes en la tributación de las SOCIMIS, así como incentivos y penalizaciones dirigidas a promover el alquiler asequible y movilizar vivienda vacía.
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La reciente publicación del Real Decreto 254/2025 ha aclarado y ampliado los plazos de aplicación del sistema VERI*FACTU. Esta normativa, dirigida a garantizar la integridad y trazabilidad de los registros de facturación, solo afecta a quienes utilizan Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). Profesionales que no empleen SIF no estarán obligados a cumplir con estos nuevos requisitos.
Desde el pasado 23 de abril, empresas y profesionales autónomos pueden empezar a usar sistemas de facturación adaptados al nuevo marco del sistema VeriFactu. Aunque su obligatoriedad comenzará en 2026, la Agencia Tributaria ha habilitado ya el sistema público de verificación, permitiendo enviar registros a su sede electrónica. Esta fase anticipada busca facilitar una transición progresiva, detectar errores y adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley Antifraude.
El Real Decreto 254/2025, publicado el 2 de abril de 2025, modifica el Reglamento Veri*Factu, ampliando los plazos para que empresas y profesionales adapten sus sistemas de facturación a las nuevas exigencias. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades tendrán hasta el 1 de enero de 2026, mientras que el resto de los obligados dispondrán hasta el 1 de julio de 2026 para cumplir con la normativa.
El reciente Decreto Ley 5/2025 de Cataluña establece un aumento en la tributación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, afectando diversas operaciones inmobiliarias y financieras en la región.
La nueva tasa de basuras, exigida por la Ley 7/2022, obligará a los municipios a repercutir directamente a la ciudadanía el coste real del tratamiento de residuos. Un cambio fiscal con importantes implicaciones económicas para hogares y empresas.
El 14 de marzo de 2025, se publicó en el BOE la Orden HAC/241/2025, que modifica la gestión recaudatoria de la AEAT. Esta orden especifica los días inhábiles para ampliar el plazo de presentación de autoliquidaciones con domiciliación de pago, estableciendo un margen mínimo de tres días hábiles o cinco naturales entre la orden de domiciliación y el final del plazo general de presentación.
La consecuencia principal es que las novedades y cambios que introducía el Real Decreto-ley a fecha 22 de enero de 2025 ya no se encuentran vigentes.
El Gobierno ha aprobado nuevas medidas fiscales para 2025 que incluyen la creación de tres impuestos dirigidos a multinacionales, cigarrillos electrónicos y entidades financieras. Además, se fomentará la sostenibilidad y eficiencia energética, y se implementarán ajustes progresivos en beneficio de pymes y micropymes.
La reciente normativa española introduce el sistema VeriFactu, que obliga a empresas y profesionales a utilizar programas de facturación que garanticen la integridad y trazabilidad de las facturas, incluyendo la incorporación de un código QR en cada documento. Esta medida, destinada a combatir el fraude fiscal, requerirá que los sistemas informáticos de facturación se adapten para cumplir con los nuevos requisitos técnicos y formales establecidos por la Agencia Tributaria.