El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja sin efecto la imprescriptibilidad y las sanciones originadas a consecuencia del modelo 720

En el a√Īo 2012, el Gobierno de Espa√Īa aprob√≥ una nueva normativa que inclu√≠a la obligaci√≥n espec√≠fica de informaci√≥n en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. √Čsta afectaba, con car√°cter general, a todas las personas f√≠sicas y jur√≠dicas residentes en nuestro pa√≠s que dispusieran de cuentas bancarias, t√≠tulos, activos, valores, derechos, fondos propios, patrimonio, seguros de vida, seguros de invalidez, rentas vitalicias y bienes inmuebles situados en el extranjero, si estos superaban por determinadas categor√≠as los 50.000‚ā¨.

En este caso, se establec√≠a la obligaci√≥n de presentar el Modelo 720, que actualmente debe remitirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del a√Īo siguiente a aquel al que se refiera la informaci√≥n a suministrar.

Esta medida tenía como objetivo primordial la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, el legislador estableció un riguroso régimen específico que incluía las siguientes medidas:

1)El incumplimiento total, el cumplimiento imperfecto, o el cumplimiento extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tendría como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondiente al valor de esos activos como ganancias patrimoniales no justificadas, sin posibilidad de ampararse en la prescripción, ya que se imputaban al ejercicio más antiguo pendiente de prescribir (lo que en la práctica suponía que no prescribían nunca).

2) La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior determinaría la comisión de una infracción tributaria, que tenía la consideración de muy grave, que se sancionaría con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe de la base de la sanción.

3) Tambi√©n se sancionaba el incumplimiento total, el cumplimiento imperfecto, o el cumplimiento extempor√°neo de la obligaci√≥n informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuant√≠a fija que pod√≠an ascender hasta 5.000‚ā¨ por dato incorrecto.

La aprobaci√≥n de este r√©gimen espec√≠fico fue valorada muy negativamente por la Comisi√≥n Europea que consider√≥ que las medidas adoptadas eran desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido por la norma. Es por ello, por lo que inici√≥, un procedimiento administrativo previo, en el que intent√≥ amistosamente convencer al legislador espa√Īol de la necesidad de modificar esta normativa. No obstante, el Gobierno de Espa√Īa defendi√≥ la validez de la misma, lo que llevo a la Comisi√≥n Europea a interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Uni√≥n Europea (TJUE).

Pues bien, en el d√≠a de hoy, el TJUE ha dictado Sentencia en el que entra a analizar el r√©gimen mencionado a la luz, entre otros, del derecho a la libre circulaci√≥n de capitales consagrado en el derecho comunitario. En este sentido, el TJUE dispone que el r√©gimen espec√≠fico establecido por el legislador espa√Īol en caso de incumplimiento total, cumplimiento imperfecto, o cumplimiento extempor√°neo de la obligaci√≥n informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero es mucho m√°s gravoso que el r√©gimen general previsto para cuando se incumple esta obligaci√≥n respecto de los bienes y derechos situados en nuestro pa√≠s, por lo que, supone una vulneraci√≥n del derecho a la libre circulaci√≥n de capitales previsto en el derecho de la UE. Entiende el TJUE que esta medida puede disuadir a los residentes de nuestro pa√≠s a invertir en otros estados miembros, impedirles hacerlo, o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye por ello una restricci√≥n a la libre circulaci√≥n de capitales.

Ahora bien, el Tribunal de Luxemburgo se√Īala que las restricciones a la libre circulaci√≥n de capitales pueden estar justificadas por razones imperiosas de inter√©s general. En este caso, Espa√Īa aleg√≥ que el r√©gimen espec√≠fico ten√≠a como objetivo la lucha contra la evasi√≥n fiscal. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Uni√≥n Europea (TJUE) dispone que, si bien el r√©gimen espec√≠fico aprobado puede ser adecuado para luchar contra el fraude fiscal, dado que las autoridades nacionales disponen de menos informaci√≥n sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, las medidas adoptadas van m√°s all√° de lo necesario para garantizar la eficacia de los controles fiscales y en consecuencia son desproporcionadas.

En este aspecto, el TJUE considera que, si bien la lucha contra el fraude y la evasión fiscal pueden justificar el establecimiento de un plazo de prescripción más amplio, el régimen específico aprobado equivale en la práctica a prolongar indefinidamente el periodo durante el cual puede efectuarse la imposición o permite dejar sin efecto una prescripción ya consumada, lo que es contrario a la exigencia fundamental de seguridad jurídica prevista en el ordenamiento comunitario.

Asimismo, el Tribunal de Luxemburgo dispone que al sancionar el incumplimiento por el contribuyente de sus obligaciones declarativas de bienes o derechos situados en el extranjero con una multa del 150%, que puede acumularse con multas de cuant√≠a fija, el legislador espa√Īol ocasiona un menoscabo desproporcionado a la libre circulaci√≥n de capitales, toda vez que, el tipo aplicado le confiere un car√°cter extremadamente represivo que puede dar lugar en muchos casos a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente como consecuencia del incumplimiento de la obligaci√≥n de informaci√≥n sobre sus bienes o derechos en el extranjero supere el 100% del valor de esos bienes o derechos.

Finalmente, el TJUE resuelve que establecer sanciones de cuantía fija cuyo importe es mucho más elevado que la cuantía establecida en las mismas sanciones nacionales es contrario al principio de proporcionalidad previsto en el ordenamiento comunitario y por ende también supone una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

Por todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Uni√≥n Europea (TJUE) considera que el r√©gimen espec√≠fico aprobado por el legislador espa√Īol en caso de incumplimiento total, cumplimiento imperfecto, o cumplimiento extempor√°neo de la obligaci√≥n informativa relativa a los bienes o derechos situados en el extranjero es contrario al ordenamiento comunitario, disponiendo la obligaci√≥n de adecuaci√≥n de la normativa interna espa√Īola al contenido de la sentencia.

Quedamos a la plena disposición para cualquier consulta, ampliación o comentario que pueda requerirse al respecto de tan transcendente resolución.