La constitucionalidad de los pagos fraccionados puesta en cuestión por la audiencia nacional

La Audiencia Nacional ha elevado cuestión al Tribunal Constitucional al plantearle la constitucionalidad del régimen de pagos fraccionados establecido para las grandes empresas por el artículo 3 del Real Decreto Ley 2/2016 que introdujo en la Ley 27/2014 la Disposición Adicional 14ª que modificó el régimen legal de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades en relación a los contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocio de al menos 10 millones de euros.

La base de la cuestión planteada considera que dicho Real Decreto infringe:

  • por un lado, los l√≠mites materiales que la Constituci√≥n espa√Īola establece para los Reales Decretos-Leyes que:

‚Äúno podr√°n afectar (‚Ķ) a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t√≠tulo I‚ÄĚ.

Entre tales deberes se encuentra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p√ļblicos mediante un sistema tributario justo (art.31).

En sentencias precedentes, el Tribunal Constitucional ya tiene sentado que el Real Decreto Ley no puede afectar a elementos esenciales del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades,

‚Äúcomo piezas b√°sicas del sistema tributario, y, concretamente, de la imposici√≥n directa en Espa√Īa‚ÄĚ.

Por ejemplo, as√≠ se resolvi√≥ en la reciente sentencia 73/2017 en la que se declar√≥ inconstitucional la ‚Äúamnist√≠a fiscal‚ÄĚ de 2012 precisamente por desbordar este l√≠mite constitucional.

Esto supone que la Audiencia Nacional entiende que el Real Decreto Ley no puede ni cambiar el hecho determinante de la obligación de tributar, en tanto revelador de capacidad económica para contribuir, ni quién debe soportar la carga tributaria.

  • por otro lado, tambi√©n podr√≠a haber superado el precepto establecido en la Constituci√≥n relativo al deber de todos a contribuir al sostenimiento de los gastos p√ļblicos mediante un sistema tributario justo debe hacerse de acuerdo con la capacidad econ√≥mica. Entender√≠a la Audiencia Nacional que la autonom√≠a que puede tener la obligaci√≥n tributaria de realizar pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades no puede justificar una profunda desconexi√≥n entre la renta que se considera indicio de capacidad econ√≥mica del sujeto pasivo a efectos del Impuesto sobre Sociedades y la que se considera a efectos del c√°lculo de los pagos a cuenta, incluyendo en la base de c√°lculo de √©stos rentas que se consideran exentas, y desconociendo el efecto que el resultado de ejercicios anteriores tiene sobre la capacidad econ√≥mica real del sujeto pasivo.

Recuérdese que para estimar el importe a pagar, los pagos fraccionados se realizan sobre la base del resultado contable positivo minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad correspondientes al mismo periodo impositivo, pero sin restar rentas exentas o reducciones (por pérdidas de ejercicios anteriores y para evitar la doble imposición internacional) que posteriormente se aplicarán para calcular la base imponible del impuesto.

Será por tanto ahora el Tribunal Constitucional, el que después de su admisión, decidirá sobre la problemática cuestionada por la Audiencia, y en consecuencia, sobre la vigencia de la normativa reguladora de los pagos fraccionados.

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