RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE CONTRATACI脫N P脷BLICA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ贸mico y social del COVID-19 (RDL 8/2020), sobre el que les venimos informando en estos 煤ltimos d铆as, tambi茅n ha procedido a establecer en su art. 34 una serie de medidas para tratar de evitar los efectos negativos sobre la ejecuci贸n de los contratos del sector p煤blico que puedan derivarse del COVID-19 y de las actuaciones adoptadas por el Estado, las Comunidades aut贸nomas o los entes locales, con el principal objetivo de proteger al contratista que tenga dificultades para poder ejecutar los contratos y evitar su resoluci贸n. A continuaci贸n, les exponemos los aspectos m谩s relevantes del mismo:

脕mbito de aplicaci贸n

La regulaci贸n del art. 34 del RDL 8/2020 se aplica a los contratos vigentes a la entrada en vigor del mismo (el 18/03/2020), celebrados por las entidades pertenecientes al Sector P煤blico, en el sentido definido en el art. 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector P煤blico (LCSP), afectando por tanto a los contratos administrativos (celebrados por una Administraci贸n P煤blica) y tambi茅n a los privados (celebrados por poderes adjudicadores que no re煤nan la condici贸n de Administraciones P煤blicas y por entidades del sector p煤blico que no re煤nan la condici贸n de poder adjudicador). Asimismo, lo dispuesto en el art. 34 del RDL 8/2020 tambi茅n resulta de aplicaci贸n a los contratos celebrados por entidades del sector p煤blico en los denominados sectores especiales (sectores de actividad relacionados con el agua, la energ铆a, los transportes y los servicios postales).

Medidas concretas para cada tipo de contrato del sector p煤blico

1.- Contratos de servicios y de suministros de prestaci贸n sucesiva cuya ejecuci贸n devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades aut贸nomas o la Administraci贸n local para combatirlo:

  • Se establece su suspensi贸n autom谩tica desde que se produjera la situaci贸n de hecho que impide su prestaci贸n y hasta que dicha prestaci贸n pueda reanudarse, previa declaraci贸n del 贸rgano de contrataci贸n a solicitud del contratista, que deber谩 resolverse en el plazo de cinco d铆as naturales, teniendo el silencio efectos desestimatorios (sin perjuicio de la posibilidad de que pueda dictarse una resoluci贸n expresa posterior estimatoria, ex art. 24.3.b) de la Ley 39/2015).

鈥婸ese a la literalidad del p谩rrafo primero del art. 34.1 RDL 8/2020, que alude al car谩cter autom谩tico de la suspensi贸n, de acuerdo con la Consulta de 19/3/2020 de la Abogac铆a General del Estado, la suspensi贸n ser谩 acordada por el 贸rgano de contrataci贸n cuando aprecie la imposibilidad de ejecutar el contrato, siempre a instancias del contratista, que deber谩 justificar las circunstancias que enumera el p谩rrafo 7 del art铆culo 34.1 (las razones por las que la ejecuci贸n del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los veh铆culos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecuci贸n del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato).

  • La suspensi贸n conllevar谩 que la entidad adjudicadora deba abonar al contratista los da帽os y perjuicios efectivamente sufridos por 茅ste durante el periodo de suspensi贸n, previa solicitud y acreditaci贸n (煤nicamente ser谩n indemnizables los gastos salariales abonados durante el per铆odo de suspensi贸n, los gastos por mantenimiento de la garant铆a definitiva, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones equipos, etc., que no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensi贸n del contrato, y los gastos correspondientes a las p贸lizas de seguro).
  • Se establece la posibilidad de pr贸rroga de los contratos que vayan a vencer cuando no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestaci贸n como consecuencia de la paralizaci贸n de los procedimientos de contrataci贸n y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, con independencia de la fecha de publicaci贸n de la licitaci贸n de dicho nuevo expediente.

2.- Contratos de servicios y suministros de prestaci贸n no sucesiva:

  • Cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos debido al COVID-19, se le ampliar谩 el plazo inicial o la pr贸rroga en curso.
  • En ese caso los contratistas tendr谩n derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido, hasta un l铆mite m谩ximo del 10% del precio inicial del contrato previa solicitud y acreditaci贸n fehaciente de su realidad.

3.- Contratos de obras:

  • En los contratos de obras vigentes a la entrada en vigor del RDL 8/2020, que no hayan perdido su finalidad como consecuencia de la situaci贸n de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situaci贸n genere la imposibilidad de continuar la ejecuci贸n del contrato, el contratista podr谩 solicitar la suspensi贸n del mismo desde que se produjera la situaci贸n de hecho que impide su prestaci贸n y hasta que dicha prestaci贸n pueda reanudarse.
  • En el caso de los contratos que, de acuerdo con el programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra, estuviese prevista la finalizaci贸n de su plazo de ejecuci贸n entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el per铆odo que dure el mismo, y como consecuencia de la situaci贸n de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra, el contratista podr谩 solicitar una pr贸rroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le ampl铆a el plazo inicial.
  • Acordada la suspensi贸n o ampliaci贸n del plazo, solo ser谩n indemnizables los siguientes conceptos: (i) los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecuci贸n ordinaria del contrato, durante el per铆odo de suspensi贸n; (ii) los gastos por mantenimiento de la garant铆a definitiva, relativos al per铆odo de suspensi贸n del contrato; (iii) los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, etc.; y (iv) los gastos correspondientes a las p贸lizas de seguro.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones 煤nicamente tendr谩 lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecuci贸n del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14/03/2020.
  • Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores.

4.- Contratos de concesi贸n de obras y de concesi贸n de servicios:

  • En estos contratos, la situaci贸n de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades aut贸nomas o la Administraci贸n local para combatirlo dar谩n derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio econ贸mico del contrato mediante, seg煤n proceda en cada caso, la ampliaci贸n de su duraci贸n inicial hasta un m谩ximo de un 15% o mediante la modificaci贸n de las cl谩usulas de contenido econ贸mico incluidas en el contrato.
  • Dicho reequilibrio en todo caso compensar谩 a los concesionarios por la p茅rdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerar谩n los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecuci贸n ordinaria del contrato de concesi贸n de obras o de servicios durante en el per铆odo de duraci贸n de la situaci贸n de hecho creada por el COVID-19. Solo se proceder谩 a dicha compensaci贸n previa solicitud y acreditaci贸n fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
  • Seg煤n la literalidad del art. 34.4 del RD 8/2020, el restablecimiento del equilibrio econ贸mico del contrato solo proceder谩 cuando el 贸rgano de contrataci贸n, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecuci贸n del contrato como consecuencia de la situaci贸n generada por el COVID-19 o las actuaciones para combatirlo.

No obstante lo anterior, consideramos que es poco razonable, y atenta contra la propia finalidad del RD 8/2020, que el derecho al restablecimiento del equilibrio econ贸mico del contrato solo exista cuando haya una imposibilidad de ejecuci贸n del contrato (una cesaci贸n total de la actividad), por lo que el precepto debe interpretarse en el sentido de que tambi茅n existir谩 dicho derecho cuando nos encontremos ante una disminuci贸n sustancial de los usuarios y de los ingresos percibidos por el concesionario y/o ante un aumento relevante de los costes soportados por el concesionario.

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