Nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la retribuci贸n de los consejeros delegados

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 27 de febrero ha supuesto un giro en la interpretaci贸n del r茅gimen de retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n en la Ley de Sociedades de Capital que, hasta la fecha, ven铆an realizando tanto varias Audiencias Provinciales y sobre la doctrina establecida por la Direcci贸n General de Registros y del Notariado (DGRN) tras la nueva reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Esta distinci贸n afecta en especial a las sociedades con un sistema de administraci贸n colegiado, en el que cabe la delegaci贸n de determinadas facultades ejecutivas, en uno o varios consejeros delegados o ejecutivos.

Seg煤n la interpretaci贸n de las Audiencias y la doctrina de la DGRN, existen dos reg铆menes de la retribuci贸n de los administradores. Esta diferenciaci贸n, que 煤nicamente se aplicar铆a en los casos de existencia de un Consejo de Administraci贸n, vendr铆a justificada por la distinci贸n entre las funciones inherentes de los consejeros de las sociedades mercantiles (las deliberativas, de estrategia y de control) desarrolladas por los consejeros, y las funciones ejecutivas.

Estas funciones inherentes, cuya remuneraci贸n (en su caso) debe constar en los estatutos sociales de acuerdo con el art. 217.2 LSC, se contraponen a la funci贸n ejecutiva que dicho 贸rgano puede delegar en uno o m谩s consejeros delegados y cuya remuneraci贸n debe regularse mediante un contrato entre la sociedad y dicho consejero, a ser aprobado por la mayor铆a reforzada del Consejo de Administraci贸n.

En su reciente sentencia, el Tribunal Supremo rechaza esta interpretaci贸n y la distinci贸n entre funciones que pareciera justificar un r茅gimen retributivo dispar. Al contrario, dictamina que el art铆culo 217 de la LSC (鈥渞emuneraci贸n de los administradores鈥) establece la regulaci贸n a la que quedan sujetas todas las remuneraciones de los administradores, con independencia del concepto o funciones con que se acuerden; siempre que, claro est谩, se otorguen con motivo de este cargo. En este sentido, recuerda el car谩cter monista del sistema de administraci贸n social espa帽ol, en el cual no existe una separaci贸n entre el 贸rgano de supervisi贸n y el 贸rgano ejecutivo y de representaci贸n, si no que un mismo 贸rgano, el de administraci贸n, engloba todas estas funciones, las cuales son inherentes al cargo. Como consecuencia, la exigencia de previsi贸n estatutaria es imperativa para toda remuneraci贸n de los administradores.

A m谩s abundancia, se帽ala que dicho art铆culo define las formas que dicha remuneraci贸n puede adoptar, siendo varias de ellas las propias de consejeros delegados o ejecutivos (participaci贸n en beneficios, retribuci贸n variable con indicadores o par谩metros generales de referencia, remuneraci贸n en acciones o vinculada a su evoluci贸n, indemnizaciones por cese y sistemas de ahorro o previsi贸n), por lo que afirmar que este art铆culo regula 煤nicamente la remuneraci贸n de los administradores no ejecutivos o consejeros no delegados, ser铆a un contrasentido.

Como 煤ltimo argumento, el TS se remite a la exposici贸n de motivos de la Ley 31/2014, siendo uno de 茅stos conseguir una mayor transparencia en las pol铆ticas retributivas de los administradores; reforzando as铆 el papel de la Junta General. En caso de seguir la interpretaci贸n de las Audiencias Provinciales y la doctrina de la DGRN, la consecuci贸n de este objetivo se ver铆a gravemente frustrado, pues supondr铆a la instituci贸n de un r茅gimen de remuneraciones paralelas de los consejeros delegados, que quedar铆a fuera del control de la Junta General y al total arbitrio del Consejo de Administraci贸n.

Por todo ello, el sistema de remuneraci贸n del 贸rgano de administraci贸n deber谩 regularse respetando los tres niveles siguientes:

  1. Regulaci贸n en los estatutos sociales: como gratuito o, en caso de retribuido, indicando el sistema y conceptos retributivos.
  2. Aprobaci贸n en Junta General del importe m谩ximo anual de la remuneraci贸n (en sociedades no cotizadas). La Junta podr谩 asimismo dar instrucciones al 贸rgano de administraci贸n en relaci贸n con las remuneraciones de los consejeros delegados o ejecutivos o incluso someter estas decisiones, propias de dicho 贸rgano administrativo, a la autorizaci贸n de la Junta.
  3. Aprobaci贸n, por el 脫rgano de Administraci贸n, de la distribuci贸n de la retribuci贸n entre los administradores y, en caso de existir consejeros delegados o ejecutivos, las condiciones espec铆ficas del contrato entre 茅ste y la Sociedad. Esto es, en caso de que la Junta no haya sujetado dicho acuerdo a su autorizaci贸n, como se ha indicado en el punto anterior.

A ra铆z de este importante cambio en la interpretaci贸n de la regulaci贸n del r茅gimen retributivo de los administradores se aconseja a las sociedades que puedan verse afectadas que se dirijan a su despacho de confianza para revisar, de forma ad hoc, si sus sistemas de retribuci贸n cumplen con los requisitos exigibles.

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