El Gobierno ha aprobado para pymes y autónomos aplazar impuestos durante seis meses.
Las iniciativas validadas ayer en un Real Decreto-ley que se publicará hoy en el BOE entrará en vigor en los próximos días.
La medida más voluminosa es por tanto la flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, que revierte el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, que eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias, entre ellas las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del IVA. En consecuencia, las pymes y los autónomos podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado ayer y hasta el 30 de mayo, ambos inclusive, Hacienda permitirá que las empresas con una facturación de menos de 6 millones de euros y los autónomos puedan aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis
meses, con tres meses de carencia. Estos aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres y no abonar nada en intereses.
Esto significa que una pyme que tenga que ingresar el IVA el 20 de abril, si solicita aplazamiento no pagará nada hasta el 20 de julio y hasta el 20 de octubre tendrá un fraccionamiento con intereses de demora. Si paga todo en julio, no tendrá intereses. La medida ya afectará a las pymes que están en el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que el 30 de marzo realizan el pago de febrero, al pago fraccionado de abril en el Impuesto sobre Sociedades y a las retenciones que se ingresan el 20 de abril.
Desde Hacienda no se pronunciaron ayer de momento sobre si la crisis del coronavirus o los aplazamientos aprobados van a afectar a la Campaña de la Renta de 2019, que en principio se extiende entre el 1 de abril y el 30 de junio, con un apartado presencial desde el 13 de mayo.
Por otra parte, el Decreto habilita 400 millones en una línea del ICO para atender necesidades de liquidez de empresas y autónomos del sector turístico, así como actividades relacionadas. Asimismo, se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso y se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
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