Despido con prueba de videovigilancia. 驴Ha cambiado la Jurisprudencia?

Antecedentes:

Colocaci贸n de c谩maras e informaci贸n previa

El tribunal ha examinado un caso sucedido en un supermercado propiedad de Mercadona, en el cual la direcci贸n de la empresa decide colocar un sistema de videovigilancia con c谩maras visibles y otras invisibles al percatarse de diversas irregularidades entre ventas y almac茅n del producto.  Se procede a informar a los trabajadores y sus representantes sobre la instalaci贸n de las  primeras pero no de las segundas. 脡stas ultimas estaban situadas encima de las cajas registradoras. La LOPD espa帽ola en su art铆culo 5 y la Instrucci贸n 1/2006 de la Agencia de Protecci贸n de Datos exige el deber de informaci贸n previa tanto en el caso de las c谩maras ocultas como de las visibles instaladas permanentemente. 

Resultado de la investigaci贸n

Se constata que un grupo trabajadores del supermercado proced铆an a no cobrar varios productos cuando realizaban las compras para ellos mismos o cuando la hac铆an sus compa帽eros de trabajo. La empresa, con base en las grabaciones realizadas, procede al despido del personal implicado.  Un grupo de trabajadores firma un documento reconociendo los hechos a cambio de evitar acciones penales por parte de la empresa (documento que, dicho sea de paso, fue ratificado como v谩lido por el propio TSJ Cat en otra sentencia).  Otros trabajadores impugnan el despido, y 茅ste es declarado procedente tanto por el Juzgado  de lo Social como por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, admitiendo como prueba v谩lida y proporcionada la obtenida por las grabaciones de esas c谩maras.  Se inadmiten los recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El TEDH estima por 6 votos a 1 que se vulnera el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida privada) y condena al Reino de Espa帽a. La prueba, seg煤n el TEDH no supera el juicio de proporcionalidad requerido por el TC espa帽ol, vulnerando el art. 18 de la CE.

La Sentencias

Hechos probados en la Sentencias espa帽olas

En la Sentencia del TSJ se reputan probados:

-se instalaron dos tipos de c谩maras, unas externas, visibles,  para las entradas al establecimiento, y otras internas, ocultas,  que enfocaban a las cajeras.

-se inform贸 a los trabajadores y a sus representantes de la existencia de las c谩maras visibles exteriores, no as铆 de las interiores ocultas.

-no se inform贸 a los trabajadores de los derechos relativos a la protecci贸n de datos personales, ni de los derechos de acceso a la informaci贸n, rectificaci贸n o cancelaci贸n.

-se constata la realidad de las sustracciones de productos y se decreta la procedencia del despido, por ser v谩lida la prueba aportada.

La Sentencia del TEDH

El TEDH estudia la posible vulneraci贸n de los art. 6 y 8 de la CEDH por la instalaci贸n de c谩maras ocultas. Los recurrentes alegan que la instalaci贸n de dichas c谩maras no solo no fue informada convenientemente si no que ten铆a una vocaci贸n de permanencia por tiempo indefinido. A mayor abundamiento, es remarcable que la representaci贸n legal del Reino de Espa帽a no se opone a la indicada vulneraci贸n, si no que manifiesta que fue realizada por una empresa privada y por tanto ello deb铆a exonerar al Estado espa帽ol de responsabilidad alguna. La Sentencia del TEDH concluye que al haberse realizado una instalaci贸n de algunas c谩maras ocultas pero con vocaci贸n de permanencia,  de forma indiscriminada -film贸 a otros trabajadores- y sin informaci贸n previa, se produce una intromisi贸n ileg铆tima y la prueba es inconstitucional por vulneraci贸n del art. 18 CE y debiera no haberse tenido en cuenta para la resoluci贸n de la litis.

驴Vigencia de la jurisprudencia anterior? 驴Enmienda a la doctrina emanada hasta ahora por el Tribunal Constitucional Espa帽ol ?

La Jurisprudencia vigente hasta la fecha (por todas, S TC 39/2016 鈥淏ershka鈥) ven铆a exigiendo para la instalaci贸n de c谩maras fijas la obligaci贸n de informaci贸n previa y la finalidad de la colocaci贸n de las mismas.  No puede, pues, instalarse c谩maras que graben indiscriminada y permanentemente sin esa informaci贸n previa,. Distinto caso ser铆a una monitorizaci贸n exclusiva,  espec铆fica y temporal, una vez constatada la existencia de una sospecha s贸lida de la comisi贸n de una infracci贸n laboral grave, del personal responsable de la comisi贸n de esos il铆citos. En ese supuesto -que no concurre en este caso analizado 鈥淟opez Ribalta y otros鈥- entendemos, no es exigible esa informaci贸n previa ni una se帽alizaci贸n espec铆fica de la existencia de esas c谩maras, como ya rezaba la sentencia del TEDH en el caso 鈥淜opke鈥, que en este caso encontr贸 justa y proporcionada esa vigilancia temporal oculta realizada:

 鈥渓a injerencia en la vida privada del solicitante se limit贸 a lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la videovigilancia. Los tribunales nacionales hab铆an considerado adem谩s que el inter茅s del empleador en la protecci贸n de sus derechos de propiedad solo pod铆a salvaguardarse eficazmente mediante la recopilaci贸n de pruebas a fin de demostrar la conducta delictiva del solicitante en los procedimientos judiciales. Esto tambi茅n ha servido al inter茅s p煤blico en la administraci贸n de justicia adecuada. Adem谩s, la videovigilancia encubierta del solicitante hab铆a servido para despejar la sospecha de otros empleados. Adem谩s, no hab铆a habido ning煤n otro medio igualmente eficaz para proteger los derechos de propiedad del empleador que hubiera interferido en menor medida con el derecho de la demandante al respeto de su vida privada. El inventario no pudo vincular claramente las p茅rdidas descubiertas con un empleado en particular. La vigilancia por parte de superiores o colegas o la videovigilancia abierta no ten铆an las mismas perspectivas de 茅xito en el descubrimiento de un robo encubierto.鈥

As铆 pues, nuestra conclusi贸n es que la jurisprudencia establecida por el TCE no es distinta de la que emana del TEDH, por cuanto sigue a nuestro entender vigente la posibilidad de monitorizar sin informaci贸n previa, cumpliendo los principios de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, en el caso de que se den los requisitos antes expuestos: la existencia de una fundada sospecha previa,  y  la vigilancia temporal  y exclusiva del personal -en la medida de lo posible, en el sentido de no indiscriminada- sobre el cual se tiene la fundada sospecha.

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