Despido con prueba de videovigilancia. ¬ŅHa cambiado la Jurisprudencia?

Antecedentes:

Colocación de cámaras e información previa

El tribunal ha examinado un caso sucedido en un supermercado propiedad de Mercadona, en el cual la direcci√≥n de la empresa decide colocar un sistema de videovigilancia con c√°maras visibles y otras invisibles al percatarse de diversas irregularidades entre ventas y almac√©n del producto.  Se procede a informar a los trabajadores y sus representantes sobre la instalaci√≥n de las  primeras pero no de las segundas. √Čstas ultimas estaban situadas encima de las cajas registradoras. La LOPD espa√Īola en su art√≠culo 5 y la Instrucci√≥n 1/2006 de la Agencia de Protecci√≥n de Datos exige el deber de informaci√≥n previa tanto en el caso de las c√°maras ocultas como de las visibles instaladas permanentemente. 

Resultado de la investigación

Se constata que un grupo trabajadores del supermercado proced√≠an a no cobrar varios productos cuando realizaban las compras para ellos mismos o cuando la hac√≠an sus compa√Īeros de trabajo. La empresa, con base en las grabaciones realizadas, procede al despido del personal implicado.  Un grupo de trabajadores firma un documento reconociendo los hechos a cambio de evitar acciones penales por parte de la empresa (documento que, dicho sea de paso, fue ratificado como v√°lido por el propio TSJ Cat en otra sentencia).  Otros trabajadores impugnan el despido, y √©ste es declarado procedente tanto por el Juzgado  de lo Social como por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, admitiendo como prueba v√°lida y proporcionada la obtenida por las grabaciones de esas c√°maras.  Se inadmiten los recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El TEDH estima por 6 votos a 1 que se vulnera el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida privada) y condena al Reino de Espa√Īa. La prueba, seg√ļn el TEDH no supera el juicio de proporcionalidad requerido por el TC espa√Īol, vulnerando el art. 18 de la CE.

La Sentencias

Hechos probados en la Sentencias espa√Īolas

En la Sentencia del TSJ se reputan probados:

-se instalaron dos tipos de c√°maras, unas externas, visibles,  para las entradas al establecimiento, y otras internas, ocultas,  que enfocaban a las cajeras.

-se informó a los trabajadores y a sus representantes de la existencia de las cámaras visibles exteriores, no así de las interiores ocultas.

-no se informó a los trabajadores de los derechos relativos a la protección de datos personales, ni de los derechos de acceso a la información, rectificación o cancelación.

-se constata la realidad de las sustracciones de productos y se decreta la procedencia del despido, por ser v√°lida la prueba aportada.

La Sentencia del TEDH

El TEDH estudia la posible vulneraci√≥n de los art. 6 y 8 de la CEDH por la instalaci√≥n de c√°maras ocultas. Los recurrentes alegan que la instalaci√≥n de dichas c√°maras no solo no fue informada convenientemente si no que ten√≠a una vocaci√≥n de permanencia por tiempo indefinido. A mayor abundamiento, es remarcable que la representaci√≥n legal del Reino de Espa√Īa no se opone a la indicada vulneraci√≥n, si no que manifiesta que fue realizada por una empresa privada y por tanto ello deb√≠a exonerar al Estado espa√Īol de responsabilidad alguna. La Sentencia del TEDH concluye que al haberse realizado una instalaci√≥n de algunas c√°maras ocultas pero con vocaci√≥n de permanencia,  de forma indiscriminada -film√≥ a otros trabajadores- y sin informaci√≥n previa, se produce una intromisi√≥n ileg√≠tima y la prueba es inconstitucional por vulneraci√≥n del art. 18 CE y debiera no haberse tenido en cuenta para la resoluci√≥n de la litis.

¬ŅVigencia de la jurisprudencia anterior? ¬ŅEnmienda a la doctrina emanada hasta ahora por el Tribunal Constitucional Espa√Īol ?

La Jurisprudencia vigente hasta la fecha (por todas, S TC 39/2016 ‚ÄúBershka‚ÄĚ) ven√≠a exigiendo para la instalaci√≥n de c√°maras fijas la obligaci√≥n de informaci√≥n previa y la finalidad de la colocaci√≥n de las mismas.  No puede, pues, instalarse c√°maras que graben indiscriminada y permanentemente sin esa informaci√≥n previa,. Distinto caso ser√≠a una monitorizaci√≥n exclusiva,  espec√≠fica y temporal, una vez constatada la existencia de una sospecha s√≥lida de la comisi√≥n de una infracci√≥n laboral grave, del personal responsable de la comisi√≥n de esos il√≠citos. En ese supuesto -que no concurre en este caso analizado ‚ÄúLopez Ribalta y otros‚ÄĚ- entendemos, no es exigible esa informaci√≥n previa ni una se√Īalizaci√≥n espec√≠fica de la existencia de esas c√°maras, como ya rezaba la sentencia del TEDH en el caso ‚ÄúKopke‚ÄĚ, que en este caso encontr√≥ justa y proporcionada esa vigilancia temporal oculta realizada:

 ‚Äúla injerencia en la vida privada del solicitante se limit√≥ a lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la videovigilancia. Los tribunales nacionales hab√≠an considerado adem√°s que el inter√©s del empleador en la protecci√≥n de sus derechos de propiedad solo pod√≠a salvaguardarse eficazmente mediante la recopilaci√≥n de pruebas a fin de demostrar la conducta delictiva del solicitante en los procedimientos judiciales. Esto tambi√©n ha servido al inter√©s p√ļblico en la administraci√≥n de justicia adecuada. Adem√°s, la videovigilancia encubierta del solicitante hab√≠a servido para despejar la sospecha de otros empleados. Adem√°s, no hab√≠a habido ning√ļn otro medio igualmente eficaz para proteger los derechos de propiedad del empleador que hubiera interferido en menor medida con el derecho de la demandante al respeto de su vida privada. El inventario no pudo vincular claramente las p√©rdidas descubiertas con un empleado en particular. La vigilancia por parte de superiores o colegas o la videovigilancia abierta no ten√≠an las mismas perspectivas de √©xito en el descubrimiento de un robo encubierto.‚ÄĚ

As√≠ pues, nuestra conclusi√≥n es que la jurisprudencia establecida por el TCE no es distinta de la que emana del TEDH, por cuanto sigue a nuestro entender vigente la posibilidad de monitorizar sin informaci√≥n previa, cumpliendo los principios de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, en el caso de que se den los requisitos antes expuestos: la existencia de una fundada sospecha previa,  y  la vigilancia temporal  y exclusiva del personal -en la medida de lo posible, en el sentido de no indiscriminada- sobre el cual se tiene la fundada sospecha.

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