Conclusiones y consejos ante la nueva sentencia del tribunal constitucional

Tras las sentencias del Tribunal Constitucional 26/2017 y 37/2017 que resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra la normativa foral en relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se esperaba con impaciencia la primera sentencia del alto Tribunal respecto de la constitucionalidad de la normativa estatal, esto es, de determinados artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL).

Y todo llega; dada a conocer ayer junto con la Nota Informativa 32/2017 de la oficina de prensa del propio Tribunal, la cuestión de inconstitucionalidad 4864/2016 ya tiene sentencia desde el pasado 11 de mayo.

Y lo que dice la misma, reitera en lo sustancial las dos sentencias relativas a la normativa foral, a las que no sólo hace continuas referencias, sino de las que reproduce literalmente párrafos íntegros.

Esencialmente el Tribunal reitera que en ning√ļn caso un tributo puede gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, puesto que se har√≠a pagar por una capacidad econ√≥mica inexistente, virtual o ficticia. Y que en consecuencia debe declarar inconstitucionales los art√≠culos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la LHL.

Recordemos el origen del problema. Con la actual sistem√°tica de c√°lculo del IIVTNU su base se calcula multiplicando tres factores:

  • el valor catastral del suelo del inmueble transmitido,
  • el n√ļmero de a√Īos de tenencia con un m√°ximo de 20,
  • y un porcentaje que determina cada Ayuntamiento en sus ordenanzas municipales.

No hace falta ser un gran matemático para deducir que el resultado de la triple combinación siempre será positiva. Y esto provoca que cuando haya una transmisión de un inmueble urbano, deba soportarse un gravamen por el incremento del valor del suelo, con independencia de que éste haya o no existido.

El caso que analizaba la sentencia ahora publicada resuelve precisamente sobre un caso donde una empresa inmobiliaria se vio forzada a adjudicar una serie de terrenos a una entidad financiera por el 50% de su valor de tasaci√≥n. A pesar del desastre econ√≥mico que debi√≥ de suponer dicha transmisi√≥n de terrenos para la sociedad transmitente, el Ayuntamiento le exigi√≥ el IIVTNU.  

Entonces, con esta sentencia, ¬Ņse puede dar ya el caso por cerrado? Ni mucho menos. Una vez se analiza, √©sta nos sigue dejando muchas dudas abiertas.

As√≠, por ejemplo, queda meridianamente claro que si la transmisi√≥n provoc√≥ una p√©rdida no cabe tributar por dicho impuesto. Pero quedan abiertos aquellos casos en que, a pesar de haber obtenido una peque√Īa plusval√≠a, √©sta es inferior a la determinada por el c√°lculo autom√°tico antes explicado. La sentencia establece que la norma es incorrecta si no hay incremento de valor, pero no resuelve los casos en que √©ste sea inferior al determinado por la f√≥rmula te√≥rica. Al respecto, el probable pr√≥ximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relaci√≥n a la cuesti√≥n de inconstitucionalidad 409-2016 sobre un caso en que existe incremento de valor, pero inferior al determinado por la ordenanza fiscal correspondiente, dar√° luz a una situaci√≥n aparentemente similar a las ya resueltas.

La sentencia tampoco determina que sucede con las liquidaciones del IIVTNU que ya han prescrito, es decir, aquellas que han superado el tradicional periodo de prescripci√≥n de cuatro a√Īos o no tienen abierto un expediente administrativo o judicial al respecto. ¬ŅPodr√°n iniciar una reclamaci√≥n de responsabilidad patrimonial por los perjuicios que les ha ocasionado la mala regulaci√≥n de un impuesto cuya esencia ha sido declarada inconstitucional? La acci√≥n de responsabilidad del Estado por da√Īos derivados de una ley declarada inconstitucional est√° configurada como una garant√≠a patrimonial del contribuyente frente a perjuicios o pagos que no deber√≠an haber tenido lugar. Por tanto, ¬Ņcabe plantearse que estamos ante el inicio, en la l√≠nea de las m√°s recientes sentencias europeas, de un nuevo caso de c√©ntimo sanitario o cl√°usulas suelo?.

Y lo m√°s inmediato: una vez publicada la sentencia ¬Ņqu√© deben hacer a partir de ahora los contribuyentes? Estos se han quedado sin posibilidad de calcular ni tan s√≥lo la cifra a liquidar a sus Ayuntamientos, puesto que los art√≠culos para realizar dicho c√°lculo son inconstitucionales. As√≠ pues: ¬Ņdeben presentar una liquidaci√≥n con la base nula acompa√Īada de un escrito que exponga la actual situaci√≥n de indeterminaci√≥n a efectos de cumplir con la legalidad, pero al mismo tiempo evitarse el riesgo de recibir una sanci√≥n? 

Ante la magnitud de las reclamaciones (y dudas) que pueden empezarse a producir, sería básico que el legislador, al que el propio Tribunal encomienda que lleve a cabo las adaptaciones pertinentes, empiece con rapidez a ofrecer respuestas jurídicamente claras a las diferentes casuísticas existentes.

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