La Dirección General de Tributos (DGT), ha manifestado en diversas consultas que se deben computar en el IAE exclusivamente los inmuebles efectivamente arrendados.
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El Gobierno de coalición, tras meses de negociación, ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para dar un paso al frente con la “Ley por el Derecho a la Vivienda” que llevaba más de un año paralizada en el Congreso de los Diputados y que el ejecutivo ha definido como una “conquista histórica”.
Si bien es cierto que, todavía se halla en fase de tramitación y se desconoce cuál será el tenor literal de la misma, se ha publicado un avance de las modificaciones legislativas que afectarán al ámbito de la “vivienda” y cuya aprobación se prevé antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas en España para este próximo mes de mayo.
Así era antes de la promulgación de la Ley catalana 11/2020 de 19 de septiembre “de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (…)” y así será tras la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que fue “dada en Madrid, a 10 de marzo de 2022” pero que aún se halla pendiente de publicación en el BOE, momento a partir del cual “desplegará sus efectos generales” según prevé el art. 38 de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional.
El pasado Consejo de Ministros del día 26 de octubre aprobó el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aplicado en el menor plazo posible.
El texto incluye medidas de diversa índole cuyos objetivos esenciales según plantean sus propios redactores son, teóricamente, mejorar y facilitar el acceso a la vivienda.
Ante la paradójica situación actual, en que se conoce el supuesto contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal así como la regulación de su retroactividad, sin que no obstante la misma se haya publicado y por tanto aún no tenga efectos jurídicos, nos lleva a emitir un artículo de urgencia sobre nuestros principales consejos en relación a las posibles actuaciones a realizar a día de hoy
Hoy martes, día 26 de octubre, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad y nulidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como Plusvalía).
Este Real Decreto- ley, que ha entrado en vigor hoy mismo, introduce diversas medidas en el ámbito de la fiscalidad, mejoras en el régimen de comunidades de propietarios y en el ámbito de la financiación a las actuaciones de rehabilitación. A continuación, se detallan las tres medidas introducidas en el ámbito tributario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante una disposición adicional que añade tres nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del Impuesto con objeto teórico de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación de edificios vinculados a retos marcados en materia de energía y clima.
Alimentación, Banca, Biotecnología, Capital Riesgo, Derecho Laboral, Distribución Comercial, Empresa Familiar, Energético, Gestión Empresarial, Ingeniería, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Protección de datos, Real Estate, Seguros, Servicios Públicos, Transporte, Turismo y Ocio, Urbanismo
Criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas por la COVID-19
Hasta el 31 de diciembre de 2021 podrá solicitar ayudas directas para su negocio. ¿Tiene derecho a ellas? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Cuánto dinero le va a entregar? ¿Puede solicitarlas en todas las Comunidades autónomas en las que opere? ¿Y si pertenece a un grupo de sociedades o a una comunidad de bienes?
En el BOE del 29 de abril de 2019 se han publicado el Real Decreto y la Orden desarrolladoras de la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Con entrada en vigor ambos para el 16 de junio de 2019 (salvo excepciones), coincidiendo así con la fecha en la que será aplicable la […]
La evolución del modo de vida urbano de nuestras ciudades y la aparición de novedades tecnológicas tales como porteros electrónicos, videoporteros, etc. han conducido a numerosas Comunidades de Propietarios a plantearse la posibilidad de vender viviendas inicialmente destinadas a constituir morada del/la portero/a del edificio para sanear económicamente sus cuentas y poder sufragar gastos extraordinarios […]
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