A diferencia de lo sucedido en otras CC.AA., la CA de Cataluña, introdujo una regulación de los contratos de alquiler de locales de negocio, mediante la aprobación del Decreto-Ley 34/2020, entre las medidas adoptadas en relación con la COVID-19.
La aplicación de esta norma, ha conllevado importantes daños a los propietarios de locales comerciales, en la medida en la que han tenido que renunciar a parte de la renta y de los gastos generales pactados en el contrato de alquiler, cuando las actividades de los arrendatarios han sufrido algún tipo de limitación, para evitar la propagación de la COVID-19. Una renuncia a renta y gastos generales que ha ascendido hasta 50% de los mismos, cuando los arrendatarios se han visto afectados por una suspensión de su actividad. Lo que ha sucedido durante largos periodos de tiempo en Cataluña.
