Importante sentencia del Tribunal Supremo en relaci贸n a la remuneraci贸n de los administradores

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 26 de febrero de 2018, se manifiesta en contra de la interpretaci贸n mantenida hasta la fecha tanto por la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado como por un sector significativo de la doctrina y las Audiencias Provinciales (entre ellas la de Barcelona), en relaci贸n con el r茅gimen legal de la remuneraci贸n de los administradores.

La interpretaci贸n generalmente mantenida hasta el momento diferenciaba entre:

  • la retribuci贸n de las funciones inherentes al cargo de consejeros o administradores (鈥渆n su condici贸n de tales鈥) 鈥揳 la que aplicaba lo dispuesto en el art铆culo 217 de la Ley de Sociedades de Capital-
  • y la retribuci贸n de las funciones ejecutivas no inherentes al cargo -a la que aplicaba lo dispuesto en el art铆culo 249 de la misma Ley-.

El Tribunal Supremo rechaza en la citada sentencia esta interpretaci贸n y establece que para los consejeros delegados o con facultades ejecutivas de las sociedades no cotizadas, la aplicaci贸n de los citados art铆culos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital es cumulativa y no alternativa y, en consecuencia:

  1. El sistema de remuneraci贸n de los consejeros y administradores por todas las funciones que realicen, incluidas las ejecutivas, debe figurar en los estatutos sociales.
    No admite por tanto que en los estatutos figure que el cargo de administrador es gratuito y que alguno de ellos cobre de la sociedad por sus funciones ejecutivas.
  2. La Junta General debe aprobar el importe m谩ximo de remuneraci贸n anual de los administradores (incluida la remuneraci贸n por sus funciones ejecutivas).
  3. En cumplimiento de lo dispuesto en el art铆culo 249 de la LSC, en caso de consejo de administraci贸n y cuando un consejero se nombre consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas, habr谩 de formalizarse el correspondiente contrato con la sociedad, que habr谩 de ser aprobado por el consejo con mayor铆a de dos tercios, pero a partir de ahora previo amparo estatutario y dentro de los l铆mites m谩ximos establecidos por la Junta General.

Obviamente, las consecuencias que pueda tener esta sentencia deben ser analizadas para cada caso concreto, pero del cumplimiento estricto de los criterios expuestos depender谩 aspectos esenciales, tales como la propia legalidad y validez de la retribuci贸n pagada, o la tributaci贸n y fiscalidad de la misma, tanto para la sociedad pagadora como para el receptor.聽

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