Aprobadas medidas complementarias en el 谩mbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19 sobre despidos por coronavirus, extensi贸n de contratos temporales y sanciones

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 que incluye una serie de medidas complementarias al Real Decreto-Ley 8/2020, en el que se regula la tramitaci贸n de las solicitudes de prestaci贸n por desempleo, el control de los ERTE o la interrupci贸n del c贸mputo de los contratos temporales.

Como ya le hemos venido informando, el pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros acord贸 declarar el estado de alarma, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, que posteriormente ha sido prorrogada  por la Resoluci贸n de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados hasta las 00:00 horas del d铆a 12 de abril de 2020.

Posteriormente, con fecha 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprob贸 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ贸mico y social del COVID-19, con el fin de arbitrar un conjunto de medidas que permitieran paliar, en cierta medida, la crisis sanitaria, econ贸mica y social generada por la pandemia del COVID-19.

Entre las medidas contempladas, se recog铆a la flexibilizaci贸n de los Expedientes de Regulaci贸n Temporal de Empleo (ERTE), tanto por causa de fuerza mayor, como en el supuesto de los derivados de causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n.

No obstante, el notablemente estancamiento que est谩 registrando nuestro mercado laboral, unido al importante volumen de ERTE presentados, desde la declaraci贸n del estado de alarma, ponen de relieve la necesidad de arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas trabajadoras de nuestro pa铆s.

La complejidad de la construcci贸n del mismo y la reacci贸n que se est谩 teniendo desde las empresas al mismo parece requerir un cambio constante de las normas. Un ejemplo claro es la saturaci贸n del SEPE que ha sido resuelta mediante la imposici贸n a las empresas de solicitar el desempleo en caso de los ERTEs. A su vez, el incremento de extinciones de contratos temporales ha llevado al Gobierno a imponer una extensi贸n de la duraci贸n del mismo, as铆 como, a considerar no justificadas los despidos realizados con base en el Covid19.

Tambi茅n el hecho de que, ante la avalancha de ERTEs, el Gobierno se vea incapaz de revisarlos todos a tiempo para autoriza o no los mismos, ha llevado a establecer una disposici贸n contemplando posibles sanciones para aquellos ERTEs, que a pesar de haber sido autorizados -expresamente o, m谩s probablemente, por silencio administrativo, contengan irregularidades o ilegalidad o incluso simplemente que no est茅n suficientemente justificados. La consecuencia, adem谩s de la sanci贸n, implicar铆a devolver lo percibido por el trabajador.

Por estos motivos, se ha publicado en el BOE del 28 de marzo, el Real Decreto-ley 9/2020 que incluye una serie de medidas complementarias al Real Decreto-Ley 8/2020, en el que se regula la tramitaci贸n de las solicitudes de prestaci贸n por desempleo, el control de los ERTE o la interrupci贸n del c贸mputo de los contratos temporales.

A continuaci贸n le explicamos de manera resumida detenidamente las medidas contempladas en dicha normativa, que entr贸 en vigor el mismo d铆a de su publicaci贸n en el BOE  manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles pr贸rrogas.

1. L脥MITES AL DESPIDO Y A LA EXTINCI脫N DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

Se establece que la fuerza mayor y las causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de p La fuerza mayor y las causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n en las que se amparan los ERTE previstos en los art铆culos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, derivados del COVID-19, no se podr谩n entender como justificativas de la extinci贸n del contrato de trabajo ni del despido.

Atenci贸n. Ni la fuerza mayor ni las causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas ni de producci贸n relacionadas con el coronavirus podr谩n ser justificativas de un despido ni de la extinci贸n de un contrato temporal.

Sobre esta disposici贸n se deben hacer las siguientes apreciaciones:

  • Esta medida solo afectar谩 a los despidos y extinciones realizadas desde el 28 de marzo de 2020 hasta la finalizaci贸n del Estado de alarma o sus posibles pr贸rrogas. Por tanto, los despidos o extinciones realizadas con anterioridad a esa fecha no le ser谩 de aplicaci贸n esta normativa.
  • Los despidos o extinciones relacionados con el Covid19 realizados durante el periodo de vigencia de esta disposici贸n se considerar谩n no justificados. Ello significa, conforma a abundante jurisprudencia, que tendr谩n como consecuencia  la indemnizaci贸n correspondiente a la improcedencia. Es constante en la doctrina judicial el criterio que sostiene que la nulidad queda reservada para aquellos supuestos en los que el legislador as铆 lo establece expresamente. Dado que en este caso no se ha contemplado la nulidad expresamente se deber谩 calificar como improcedente. Incluso en aquellos casos en los que fraudulentamente se exponga un motivo de despido distinto al Covid19 y en sede judicial se consiga demostrar su conexi贸n con el mismo la consecuencia ser谩 la improcedencia.
  • Se podr谩 seguir despidiendo y extinguiendo contratos -no incluidos en un ERTE- por el resto de causas incluyendo finalizaci贸n regular del contrato temporal-finalizaci贸n de la obra, finalizaci贸n de la interinidad, llegada a t茅rmino del contrato eventual, despido disciplinario, despido objetivo por ineptitud sobrevenida, despidos objetivos por causas no relacionadas con el Covid-19, etc.

2. NOVEDADES SOBRE LOS ERTEs

2.1 Medidas para agilizar la tramitaci贸n y abono de prestaciones por desempleo

Estas medidas persigues ofrecer una soluci贸n a las distintas eventualidades que, a nivel de tramitaci贸n, se est谩n suscitando tanto para la entidad gestora de las prestaciones de desempleo, como para las autoridades laborales, con motivo del incremento de los ERTE solicitados y comunicados por las empresas. De hecho, el Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE) ya ven铆a haciendo indicaciones al respecto, facilitando la realizaci贸n de los tr谩mites para el reconocimiento de la prestaci贸n contributiva por desempleo de los afectados por ERTE basados en fuerza mayor o por causa econ贸mica, t茅cnica, organizativa y de producci贸n, cuyo procedimiento queda ahora establecido como sigue:

  • Se iniciar谩 mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representaci贸n de aquellas.
  • Esta solicitud se cumplimentar谩 en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y se incluir谩 en una comunicaci贸n que recoger谩, de forma individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados, la siguiente informaci贸n:

– Nombre o raz贸n social de la empresa, domicilio, n煤mero de identificaci贸n fiscal y c贸digo de cuenta de cotizaci贸n a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.

– Nombre y apellidos, n煤mero de identificaci贸n fiscal, tel茅fono y direcci贸n de correo electr贸nico del representante legal de la empresa.

– N煤mero de expediente asignado por la autoridad laboral.

– Especificaci贸n de las medidas a adoptar, as铆 como de la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.

– En el supuesto de reducci贸n de la jornada, determinaci贸n del porcentaje de disminuci贸n temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.

– A los efectos de acreditar la representaci贸n de las personas trabajadoras, una declaraci贸n responsable en la que habr谩 de constar que se ha obtenido la autorizaci贸n de aquellas para su presentaci贸n.

– La informaci贸n complementaria que, en su caso, se determine por resoluci贸n de la Direcci贸n General del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE).

  • La empresa deber谩 comunicar las variaciones que se produzcan en los datos de esta comunicaci贸n inicial, y en todo caso cuando se refieran a la finalizaci贸n de la aplicaci贸n de la medida.
  • La empresa deber谩 remitir la comunicaci贸n, por medios electr贸nicos y en la forma que establezca el SEPE, en el plazo de 5 d铆as desde la solicitud del ERTE por fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisi贸n en el caso de ERTE por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n.

Para los casos en que la solicitud se hubiera producido antes del 28 de marzo de 2020, el plazo de 5 d铆as empezar谩 a computarse desde esa fecha.

  • La no transmisi贸n de la comunicaci贸n se considerar谩 infracci贸n grave.

Lo establecido anteriormente se entender谩 sin perjuicio de la remisi贸n por parte de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus resoluciones y de las comunicaciones finales de las empresas en relaci贸n, respectivamente, con los ERTE (arts. 22 y 23 RDL 8/2020).

Atenci贸n. La fecha de efectos de la situaci贸n legal de desempleo ser谩:

  • En los supuestos de fuerza mayor, la fecha del hecho causante de la misma.
  • En los supuestos de causas ETOP, la misma en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisi贸n adoptada o una posterior a esta.

Tanto la causa como la fecha de efectos de la situaci贸n legal de desempleo deber谩n figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considerar谩 documento v谩lido para su acreditaci贸n.

2.2. Interrupci贸n del c贸mputo de la duraci贸n m谩xima de los contratos temporales:

La suspensi贸n de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas de los ERTE derivados del COVID-19 supondr谩 la interrupci贸n del c贸mputo, tanto de la duraci贸n de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.

2.3 Limitaci贸n de la duraci贸n de los ERTE derivados del COVID-19 por fuerza mayor

No podr谩 extenderse m谩s all谩 del periodo en que se mantenga la situaci贸n extraordinaria derivada del COVID-19 entendi茅ndose, por tanto, que su duraci贸n m谩xima ser谩 la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles pr贸rrogas (tanto en caso de resoluci贸n expresa, como de silencio administrativo y con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta).

Atenci贸n. Se aclara que el l铆mite temporal de las resoluciones t谩citas reca铆das en los ERTE por fuerza mayor –silencio positivo-, no puede suponer una duraci贸n m谩xima distinta a la que es aplicable a las resoluciones expresas, por tanto, en ambos casos y con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta, su duraci贸n m谩xima ser谩 la del estado de alarma y posibles pr贸rrogas.

Es decir, todos los ERTES por fuerza mayor del art. 22 del RDL 8/2020 finalizan con la conclusi贸n del estado de alarma. Es decir, con independencia del tiempo establecido en la solicitud y a pesar de que esta haya sido aprobada por la autoridad laboral competente la normativa establece que todos y cada uno de estos ERTEs finalizar谩n con el levantamiento del estado de alarma incluidas sus prorrogas. Esta normativa responde a la imposibilidad de las autoridades de revisar todos y cada uno de los expedientes para saber si son proporcionados o no. De esta forma, todos finalizar谩n ese d铆a y aquellas empresas que crean necesitar una ampliaci贸n del plazo para algunos de sus trabajadores deber谩n solicitar de nuevo o solicitar una pr贸rroga a partir del levantamiento del estado de alarma.

3. R脡GIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS

Se sancionar谩n las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones as铆 como las conductas consistentes en solicitar medidas, en relaci贸n al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexi贸n suficiente con la causa que las origina y que den lugar a la generaci贸n o percepci贸n de prestaciones indebidas.  El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos anteriores, dar谩 lugar a la revisi贸n de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones.

En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deber谩 ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduci茅ndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el l铆mite de la suma de tales salarios.

Cuando la entidad gestora de las prestaciones por desempleo apreciase indicios de fraude para la obtenci贸n de las prestaciones por desempleo, lo comunicar谩 a la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social quien, por su parte, incluir谩, entre sus planes de actuaci贸n, la comprobaci贸n de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulaci贸n de empleo basados en el COVID-19.

Atenci贸n. La Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, en colaboraci贸n con la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluir谩, entre sus planes de actuaci贸n, la comprobaci贸n de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulaci贸n de empleo (ERTE) por fuerza mayo o por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n.

4. OTRAS NOVEDADES

4.1 Se mantiene durante el estado de alarma la actividad de los centros sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad

  • Durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti贸n de la situaci贸n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus posibles pr贸rrogas, se considerar谩n servicios esenciales los centros, servicios y establecimientos sanitarios (como hospitales o ambulatorios) que determine el Ministerio de Sanidad y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en los t茅rminos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cualquiera que sea la titularidad, p煤blica o privada, o el r茅gimen de gesti贸n.
  • No podr谩n tramitar un ERTE, debiendo mantener su actividad y solo permiti茅ndose la reducci贸n o suspensi贸n de la misma parcialmente en los t茅rminos en que as铆 lo permitan las autoridades competentes.
  • El incumplimiento o la resistencia a las 贸rdenes de las autoridades competentes en aras al cumplimiento de lo previsto en este art铆culo ser谩 sancionado con arreglo a las leyes, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo diez de la Ley org谩nica 4/1981, de 1 de junio.

4.2 Se faculta al Consejo Rector de las sociedades cooperativas para asumir la competencia en la adopci贸n de acuerdos en los  ERTEs por fuerza mayor o por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n, derivados del covid-19

Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebraci贸n a trav茅s de medios virtuales, el Consejo Rector asumir谩 la competencia para aprobar la suspensi贸n total o parcial de la prestaci贸n de trabajo de sus socias y socios y emitir谩 la correspondiente certificaci贸n para su tramitaci贸n, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

4.3. Contrataci贸n. Administraciones P煤blicas

  • Se estable que a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector p煤blico para atender las necesidades derivadas de la protecci贸n de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultar谩 de aplicaci贸n la tramitaci贸n de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto respecto a las garant铆as en la mencionada Ley 9/2017, siendo el 贸rgano de contrataci贸n quien determinar谩 tal circunstancia en funci贸n de la naturaleza de la prestaci贸n a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras v铆as. De la justificaci贸n de la decisi贸n adoptada deber谩 dejarse constancia en el expediente.
  • El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopci贸n de medidas para la protecci贸n de la salud de las personas frente al COVID-19 podr谩 realizarse a justificar.

Los libramientos podr谩n realizarse bien a favor de cajeros en Espa帽a, bien a favor de cajeros en el exterior, manteni茅ndose la gesti贸n financiera en el 谩mbito del Ministerio de Sanidad y con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de que pudiera realizarse igualmente el pago en firme a trav茅s del cajero de pagos en el exterior. No obstante, la persona titular del ministerio de sanidad podr谩 delegar esta competencia de gesti贸n financiera en 贸rganos o entidades, sean o no dependientes.

  • Cuando la contrataci贸n para la atenci贸n de estas necesidades deba producirse en el exterior, porque los contratos se formalicen o ejecuten total o parcialmente en el extranjero, la formalizaci贸n de los contratos corresponder谩 al Jefe de la Misi贸n o Representaci贸n Permanente, con sujeci贸n a las condiciones libremente pactadas por la Administraci贸n con el contratista extranjero, cuando la intervenci贸n de 茅ste sea absolutamente indispensable para la ejecuci贸n del contrato, por requerirlo as铆 la atenci贸n de las necesidades derivadas de la protecci贸n de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, y as铆 se acredite en el expediente. No obstante, esta competencia podr谩 avocarse por el titular del departamento Ministerial competente por raz贸n de la materia. Los contratos deber谩n formalizarse por escrito y se sujetar谩n a las condiciones pactadas por la Administraci贸n con el contratista extranjero.

Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situaci贸n del mercado y el tr谩fico comercial del Estado en el que la contrataci贸n se lleve a cabo, podr谩n realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realizaci贸n de la prestaci贸n por el contratista. El riesgo de quebranto que pudiera derivarse de estas operaciones ser谩 asumido por el presupuesto del Estado.

  • Se excluye de la obligaci贸n de facturaci贸n electr贸nica establecida en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr贸nica y creaci贸n del registro contable de facturas en el Sector P煤blico, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a los expedientes a los que hace referencia esta norma.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaraci贸n que puedan tener al respecto.

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