El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declara inconstitucional el incremento de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades establecido en 2016 para las grandes empresas

Tribunal Constitucional

Aunque todavía no está disponible el texto de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, ya ha sido publicada en la página web del Tribunal Constitucional el comunicado que reproducimos íntegramente a continuación.

Quedan claros seg√ļn el contenido del mismo, los principales puntos de la sentencia, y en especial la inconstitucionalidad del sistema de pagos fraccionados aplicable a las empresas con una facturaci√≥n en el a√Īo precedente superior a 10 millones de euros.

“El Pleno del Tribunal, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades aprobada por el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.

Dicha norma introdujo una serie de modificaciones en el cálculo del pago fraccionado de las empresas con facturación superior a 10 millones de euros, para las que se incrementaba el importe del pago, fijándose para el mismo una cuantía mínima del 23 por 100 del resultado contable, sin otros ajustes.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol R√≠os, aborda, en primer lugar, la posible vulneraci√≥n de los l√≠mites materiales del Real Decreto-ley. En concreto, la Audiencia Nacional planteaba la vulneraci√≥n del art. 86.1 CE, ya que el decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T√≠tulo I, entre los que se encuentra el ‚Äúdeber de contribuir al sostenimiento de los gastos p√ļblicos‚ÄĚ del art. 31.1 CE.

Aplicando la doctrina constitucional sobre los l√≠mites de los Reales Decretos-leyes en el √°mbito tributario, la sentencia razona que, por el tributo afectado, que es uno de los principales del sistema tributario espa√Īol, y por la entidad de la modificaci√≥n que se introduce en √©l, que alcanza a los elementos principales del pago fraccionado, se afecta al deber de contribuir.

La medida controvertida no incide en la cuant√≠a final del impuesto, sino que se refiere a un pago a cuenta, pero el Tribunal enfatiza que afecta de forma sustancial a su cuantificaci√≥n y lo hace respecto de las empresas de mayor tama√Īo que, aunque relativamente pocas en n√ļmero, son las que aportan m√°s de la mitad de la recaudaci√≥n del impuesto.

Si bien la cuestión de inconstitucionalidad también planteaba la posible vulneración del principio de capacidad económica, el Tribunal no aborda esta tacha, al estimar el primer motivo sobre el uso del decreto-ley.

Por √ļltimo, como en otras ocasiones, la sentencia declara que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en ella ni las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), ni tampoco, en este caso concreto, por exigencia del principio de seguridad jur√≠dica (art. 9.3 CE), las consolidadas en v√≠a administrativa por no haber sido impugnadas en tiempo y forma.

En los pr√≥ximos d√≠as se notificar√° la sentencia y se facilitar√° su contenido √≠ntegro‚ÄĚ.

Como siempre, estamos a su disposición para aclarar o ampliarle cualquier cuestión relacionada con el asunto analizado.

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