Final al pago de costas en los recursos econ贸micos administrativos

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la reciente sentencia de fecha 3 de junio (Rec 84/2018), ha estimado un recurso interpuesto contra la regulaci贸n reglamentaria de las costas en la v铆a econ贸mico-administrativa.

Esa regulaci贸n, ahora ya declarada nula, se plasm贸 en el Real Decreto 1073/2017, publicado en el BOE del 30/12/2017 que modificaba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi贸n en v铆a administrativa, y que, tras modificar otras ocho disposiciones tributarias con un total de casi 200 p谩ginas, 鈥 entraba en vigor 48 horas despu茅s.

En su sentencia, el Supremo no duda en verbalizar un claro correctivo al Ministerio de Hacienda, llegando a manifestar que:

鈥渉oy es sentir com煤n la profunda inseguridad jur铆dica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisi贸n de las normas jur铆dicas, lo que se manifiesta de manera muy significativa en el 谩mbito fiscal. (鈥).

Cabe observar en la elaboraci贸n normativa, con habitualidad, la utilizaci贸n de conceptos y categor铆as perfectamente definidos y delimitados por la ciencia jur铆dica tributaria, que en su desarrollo en el texto normativo delimitan contornos que se alejan del concepto o categor铆a enunciado para terminar definiendo o mostrando una figura fiscal distinta. A veces, parece que dicha t茅cnica responde a meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una determinada figura tributaria, otras, sin embargo, descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obst谩culos que har铆an inviable su aplicaci贸n. No resulta extra帽o comprobar c贸mo se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa, o como se juega con la imposici贸n directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales, por ejemplo. (鈥)

La modificaci贸n del art. 51.2 del Real Decreto 520/2005, introducida por el Real Decreto 1073/2017, (鈥), le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino (鈥) como tasa, como medida sancionadora o como prestaci贸n patrimonial de car谩cter p煤blico no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.

La sentencia, concluye que:

芦ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen las partes al examinar el art铆culo 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestaci贸n patrimonial de car谩cter p煤blico no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento鈥.

El ponente de la sentencia, el magistrado Montero Fern谩ndez, estima que el art铆culo 51.2 del Reglamento de revisi贸n en v铆a administrativa, desde su reforma de 2017, cuantifica el importe de:

芦de forma general y abstracta禄

desvincul谩ndolo del procedimiento concreto en el que se producen los gastos a sufragar y prescindiendo de estos.

Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las costas del procedimiento su condici贸n de tal, y aboga por que se considere que los art铆culos 245 de la Ley General Tributaria y 51.2 del Reglamento establecen

芦una prestaci贸n patrimonial de car谩cter p煤blico no tributario禄.

Por ello, las hasta ahora denominadas costas, en realidad son gastos necesarios en los que incurren los 贸rganos econ贸micos administrativos derivados y para cumplir la propia finalidad del procedimiento tramitado.

El art铆culo anulado por el Alto Tribunal impon铆a que estas se cuantificaran en un porcentaje del 2 por ciento de la cuant铆a de la reclamaci贸n, con un m铆nimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por 贸rgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por 贸rgano colegiado.

En caso de reclamaciones de cuant铆a indeterminada, las costas se deb铆an cuantificar en las cuant铆as m铆nimas referidas. Adem谩s, estas cuant铆as pod铆an actualizarse por orden ministerial.

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