El Certificado de Eficiencia Energética (CEE) es obligatorio en España desde 2013 para vender o alquilar viviendas, aunque hasta ahora ha sido un mero trámite informativo. La nueva Directiva europea 2024/1275 marca un rumbo más exigente hacia 2030 y 2050, con objetivos de reducción del consumo y emisiones. Aunque España aún no ha fijado un nivel mínimo obligatorio de calificación, todo apunta a que en los próximos años las viviendas con etiqueta F o G verán limitado su acceso al mercado.
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El 2025 trae importantes cambios normativos para el mercado del alquiler. Cataluña exige desde febrero el registro obligatorio de Grandes Tenedores de vivienda, mientras que a nivel estatal, a partir de julio, será necesario inscribir los arrendamientos turísticos en un Registro Único. Estas obligaciones, si se incumplen, pueden conllevar fuertes sanciones.
El pasado 22 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso una proposición de ley que introduce relevantes modificaciones normativas en materia inmobiliaria, con implicaciones fiscales y jurídicas de especial interés para empresas del sector y grandes tenedores de vivienda. Entre las principales medidas destacan un nuevo impuesto estatal para compradores no residentes extracomunitarios, un incremento del IVA aplicable a los alquileres turísticos, ajustes en la tributación de las SOCIMIS, así como incentivos y penalizaciones dirigidas a promover el alquiler asequible y movilizar vivienda vacía.
Nuestra socia responsable del Área de Derecho Público ha analizado en una ponencia para la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales las luces y sombras de la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en España. A pesar de su objetivo de dinamizar la economía, su aplicación sigue generando controversia y desafíos jurídicos.
La Dirección General de Tributos (DGT), ha manifestado en diversas consultas que se deben computar en el IAE exclusivamente los inmuebles efectivamente arrendados.
El Gobierno de coalición, tras meses de negociación, ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para dar un paso al frente con la “Ley por el Derecho a la Vivienda” que llevaba más de un año paralizada en el Congreso de los Diputados y que el ejecutivo ha definido como una “conquista histórica”.
Si bien es cierto que, todavía se halla en fase de tramitación y se desconoce cuál será el tenor literal de la misma, se ha publicado un avance de las modificaciones legislativas que afectarán al ámbito de la “vivienda” y cuya aprobación se prevé antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas en España para este próximo mes de mayo.
Así era antes de la promulgación de la Ley catalana 11/2020 de 19 de septiembre “de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (…)” y así será tras la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que fue “dada en Madrid, a 10 de marzo de 2022” pero que aún se halla pendiente de publicación en el BOE, momento a partir del cual “desplegará sus efectos generales” según prevé el art. 38 de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional.
El pasado Consejo de Ministros del día 26 de octubre aprobó el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aplicado en el menor plazo posible.
El texto incluye medidas de diversa índole cuyos objetivos esenciales según plantean sus propios redactores son, teóricamente, mejorar y facilitar el acceso a la vivienda.
Ante la paradójica situación actual, en que se conoce el supuesto contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal así como la regulación de su retroactividad, sin que no obstante la misma se haya publicado y por tanto aún no tenga efectos jurídicos, nos lleva a emitir un artículo de urgencia sobre nuestros principales consejos en relación a las posibles actuaciones a realizar a día de hoy
Hoy martes, día 26 de octubre, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad y nulidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como Plusvalía).
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