Se transponen directivas de la UE en diversas materias, entre las que se encuentran dos normas comunitarias que regulan el tratamiento del IVA en el comercio electrónico, para que tribute en el país de destino.

Este Real Decreto modifica y desarrolla las siguientes normas tributarias: Impuesto sobre Transmisiones Financieras, IVA, Obligación de información sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (modelo 179) y la
Obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Como es sabido, ya en la campaña de renta del año pasado y especialmente tras la publicación de diversas consultas vinculantes con anterioridad a la misma (V3404-19, V3410-19, …) la Administración expuso su criterio sobre el tratamiento conferido al gasto por amortización en los rendimientos de capital inmobiliario (básicamente alquileres) derivados de inmuebles adquiridos por sucesión o donación.

En el BOE del día 28 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas materias, entre las que se encuentran dos normas comunitarias que regulan el tratamiento del IVA en el comercio electrónico, para que tribute en el país de destino. En este sentido se crea una ventanilla única, con el fin de que se realice una sola declaración-liquidación de IVA, presentada por vía electrónica ante la administración tributaria del Estado miembro por el que haya optado.

La percepción de prestaciones por cese de actividad de autónomo, o por ERTE, la reinversión en vivienda habitual o en rentas vitalicias, los días de ejercicio de la actividad económica, los acuerdos de reducción o diferimiento del pago del alquiler, la residencia fiscal o la deducción de determinados gastos, han sido objeto de consulta ante la Dirección General de Tributos (DGT).

Un reciente auto de la Audiencia Nacional ha instado una cuestión de constitucionalidad de las medidas fiscales aprobadas por este Real Decreto en relación a las reducciones y deducciones del Impuesto de Sociedades (deterioro de cartera, limitación bases imponibles negativas y pérdidas por venta de participaciones).